El debate por la desregulación inmobiliaria sumó un nuevo capítulo y promete convertirse en uno de los focos de conflicto del sector durante los próximos meses. El Gobierno nacional avanza en la redacción final de una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que apunta a modificar de manera profunda las reglas que regulan la actividad de los corredores inmobiliarios en todo el país.
La propuesta plantea cambios estructurales: la eliminación de la matrícula obligatoria y del título universitario como requisito para ejercer, la posibilidad de que tanto personas físicas como empresas desarrollen tareas de intermediación, y la eliminación de límites o referencias obligatorias para los honorarios profesionales, que quedarían sujetos exclusivamente a acuerdos entre las partes.
Las organizaciones que agrupan a corredores y martilleros rechazan de plano la iniciativa. Argumentan que la matriculación y la habilitación profesional son competencias provinciales que no pueden modificarse mediante una legislación nacional, y sostienen que la actividad inmobiliaria involucra responsabilidades legales y patrimoniales que requieren capacitación específica y controles permanentes. Marta Liotto, titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, remarcó que el trabajo del corredor excede ampliamente la publicación de propiedades e incluye verificación documental y asesoramiento legal.
Otra mirada dentro del debate es la de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, que considera que el esquema vigente restringe la competencia y limita el ingreso de nuevos prestadores de servicios. Su presidente, Mariano García Malbrán, sostiene que la discusión debe centrarse en la protección de los consumidores y no en la preservación de estructuras corporativas, y plantea que la matrícula obligatoria representa una barrera que reduce la oferta y mantiene elevados los costos de intermediación. Para los defensores de la desregulación, las herramientas tecnológicas y la reputación digital pueden brindar mayor transparencia que los mecanismos tradicionales de control.
La discusión, que ya alcanza a todas las provincias del país, anticipa un debate legislativo con intereses económicos, regulatorios y profesionales en juego.
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