Reforma inmobiliaria de Sturzenegger: qué cambia en el corretaje, los colegios y los honorarios si avanza en el Congreso

Reforma inmobiliaria de Sturzenegger: qué cambia en el corretaje, los colegios y los honorarios si avanza en el Congreso

El proyecto de desregulación del mercado inmobiliario impulsado por el ministro Federico Sturzenegger podría modificar de manera sustancial el funcionamiento del corretaje en Argentina. El eje conceptual de la iniciativa es la redefinición jurídica de la actividad: el corretaje dejaría de ser una profesión regulada para encuadrarse como un servicio de intermediación comercial. De aprobarse, el nuevo esquema alcanzaría a corredores, inmobiliarias, colegios profesionales, franquicias, desarrolladores y plataformas digitales, con efectos también sobre propietarios, compradores e inquilinos.

Los cambios centrales son cinco. La eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito de título universitario para intermediar en operaciones inmobiliarias. La conversión de los colegios profesionales en asociaciones de participación voluntaria, sin facultades para regular el acceso al mercado ni aplicar sanciones disciplinarias. La habilitación para operar en cualquier provincia sin necesidad de múltiples inscripciones, lo que favorecería especialmente a franquicias, cadenas nacionales y plataformas digitales. La liberalización de honorarios y comisiones, que pasarían a acordarse libremente entre prestador y cliente. Y la apertura del mercado a nuevos actores como proptech, fintech, bancos y marketplaces que integren intermediación inmobiliaria con servicios financieros, jurídicos y tecnológicos.

Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), sostuvo que la colegiación debería ser voluntaria y consideró que una mayor apertura del mercado favorecería la competencia. Para la cámara, el debate apunta a construir un sector más moderno, con reglas que habiliten la innovación y nuevos modelos de negocio sin perder transparencia ni protección para el consumidor.

El proyecto deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley y podría sufrir modificaciones en ese proceso. Lo que ya define es la dirección del debate: quiénes pueden intermediar en operaciones inmobiliarias, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de responsabilidad frente a compradores, vendedores e inquilinos.

Fuente: Mendoza 24  — Leé la nota completa