El proyecto de desregulación del mercado inmobiliario que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, previsto para ingresar al Congreso antes del 10 de agosto, propone cinco modificaciones que podrían redefinir el funcionamiento del corretaje argentino de manera estructural. La base conceptual de la reforma es precisa: el corretaje dejaría de ser considerado una profesión regulada para pasar a ser un servicio de intermediación comercial. A partir de esa redefinición, la iniciativa elimina buena parte de las restricciones vigentes con impacto directo sobre corredores, inmobiliarias, desarrolladores, plataformas digitales, franquicias y quienes compran, venden o alquilan una propiedad.
Los cinco ejes del proyecto son: la eliminación de la matrícula obligatoria y del requisito de título universitario para ejercer el corretaje; la conversión de los colegios profesionales en asociaciones civiles de adhesión voluntaria sin facultades regulatorias ni disciplinarias; la habilitación para operar en cualquier provincia sin necesidad de múltiples inscripciones; la derogación de sanciones por ejercer sin matrícula; y la liberalización de honorarios y comisiones, que pasarían a acordarse libremente entre las partes. Más allá de cada punto, especialistas coinciden en que el verdadero alcance de la reforma está en la apertura del mercado a nuevos actores: plataformas proptech, fintech, bancos, marketplaces y empresas que integren servicios financieros, legales y tecnológicos en el proceso inmobiliario.
Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), respaldó la apertura como camino hacia la modernización: consideró que una mayor competencia permitirá acelerar la evolución del sector, facilitar el desarrollo de nuevos modelos de negocio y generar mejores condiciones para todos los actores del mercado inmobiliario argentino.
La iniciativa todavía deberá atravesar el debate parlamentario y podría sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación. Lo que ya está claro es que el proyecto abre una discusión de fondo sobre el futuro del corretaje en Argentina: qué tipo de mercado se quiere construir, quién puede participar en él y bajo qué mecanismos se garantiza la protección de los consumidores.
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