El Gobierno avanza en una profunda reforma del mercado inmobiliario que promete generar uno de los debates más intensos del año dentro de la actividad. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca modificar aspectos centrales del ejercicio profesional de los corredores y ya despertó una fuerte resistencia por parte de colegios y entidades del sector.
Entre los principales cambios que contempla el proyecto se encuentran la eliminación de la matrícula obligatoria, la supresión del requisito de contar con un título universitario para ejercer, la posibilidad de operar en distintas jurisdicciones sin restricciones y la libre negociación de honorarios entre las partes. La propuesta se enmarca en la estrategia más amplia del Gobierno de reducir regulaciones y promover mayor competencia en distintos sectores de la economía.
Desde los colegios profesionales, la preocupación central pasa por el rol que cumple el corredor en operaciones que involucran análisis documental, verificación de títulos y prevención de fraudes. Marta Liotto, titular de COFECI, sostiene que la tarea profesional va mucho más allá de publicar propiedades, e insiste en que más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país se realizan actualmente con intervención de profesionales matriculados.
Del otro lado del debate, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) considera que el esquema actual restringe la competencia y dificulta el ingreso de nuevos prestadores de servicios. Su presidente, Mariano García Malbrán, sostiene que el eje de la discusión debe centrarse en la protección del consumidor y no en la preservación de estructuras corporativas, y plantea que la matrícula obligatoria constituye una barrera de acceso que reduce la oferta y mantiene elevados los costos de intermediación. Para CAMESI, herramientas como la reputación digital y los seguros de responsabilidad civil pueden ofrecer mecanismos de control más eficientes que algunos esquemas tradicionales.
El debate aún está en etapa de definición, pero ya expone dos visiones contrapuestas con implicancias directas no solo para el corretaje, sino para todo el ecosistema de la construcción y el desarrollo inmobiliario en Argentina.
Fuente: Informe Construcción — Leé la nota completa
