La propuesta oficial de desregulación del corretaje inmobiliario abrió un debate que alcanza a todo el país, incluyendo las provincias del NOA. La iniciativa apunta a eliminar la matrícula y el título universitario obligatorios, liberalizar honorarios y habilitar el ejercicio del corretaje a través de plataformas digitales. Los colegios profesionales cuestionan tanto el diagnóstico como la viabilidad jurídica del proyecto, al entender que la regulación de la actividad es una potestad provincial no delegada a la Nación.
Uno de los ejes más debatidos es el de los honorarios. Desde los colegios sostienen que existe una confusión entre actividad comercial y servicio profesional: “El corretaje no es un producto. El honorario profesional no funciona igual que el margen de ganancia de un comercio”, señaló Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI. Para las entidades, el sistema actual evita la aparición de intermediarios informales que encarezcan operaciones o generen conflictos.
La discusión también involucra el rol de la tecnología. Los colegios sostienen que son ellos quienes impulsan la capacitación continua para adaptar a los profesionales a las nuevas herramientas. Desde CAMESI, la lectura es diferente: para la cámara, el profesionalismo ya no se construye exclusivamente en la formación universitaria sino en el dominio de habilidades prácticas y digitales.
Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, fue directo: “El profesionalismo no se adquiere solamente en la universidad. Hoy el mercado demanda habilidades comerciales, marketing, análisis de datos y trabajo en red.” Para García Malbrán, “la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia” — y en esa línea, la cámara propone reemplazar parte del control colegiado por seguros de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo.
El debate expone dos visiones sobre cómo se garantiza la calidad en el mercado inmobiliario: una que apuesta a los controles de acceso a la profesión, y otra que apuesta a los mecanismos de responsabilidad sobre el ejercicio de la misma.
Fuente: Opinorte — Leé la nota completa
