El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que propone desregular por completo la actividad inmobiliaria argentina. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, impulsa cambios estructurales que incluyen la eliminación de la matrícula y del título universitario obligatorios, la liberación de honorarios, la habilitación del ejercicio interjurisdiccional y el reconocimiento del corretaje a través de plataformas digitales y entornos virtuales.
La iniciativa se enmarca en la estrategia oficial de reducir regulaciones y promover la competencia en distintos sectores económicos. Sturzenegger fue directo al señalar los límites que, según su visión, impone el sistema actual: “El problema no es la existencia de los colegios, sino cuando utilizan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado.” También cuestionó los honorarios mínimos obligatorios como una distorsión de la competencia. El ministro conectó la nueva iniciativa con el impacto de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, citando el aumento de la oferta locativa como precedente favorable a la desregulación.
La propuesta anticipa una fuerte resistencia de los colegios inmobiliarios, que defienden la matriculación como garantía de capacitación, responsabilidad profesional y protección al consumidor. Según datos de las entidades, más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país involucran corredores matriculados, y la apertura total del sistema podría incrementar la informalidad y los conflictos contractuales.
Entre quienes respaldan la iniciativa se encuentra la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), que sostiene que el sistema vigente restringe la competencia al dificultar el ingreso de perfiles con experiencia comercial y formación digital pero sin matrícula profesional. Para la cámara, modelos más abiertos de otros países demuestran que la calidad del servicio puede garantizarse a través de la competencia real y mecanismos de responsabilidad civil.
El debate abre preguntas relevantes para la Patagonia: en un mercado inmobiliario regional con dinámicas propias —ligado al turismo, la energía y el crecimiento de ciudades como Neuquén y Bariloche— qué modelo de regulación favorece mejor el acceso a los servicios y protege a compradores, vendedores e inversores.
Fuente: Diario Neuquino — Leé la nota completa
