El mercado inmobiliario argentino entró en una nueva etapa tras la reglamentación del Decreto 406/2026 y la Ley de Modernización Laboral. Los cambios tributarios, con efecto retroactivo al 1° de enero de 2026, incluyen la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos por alquiler de viviendas destinadas a casa-habitación, y la supresión del impuesto cedular del 15% sobre la diferencia entre precio de compra y venta de propiedades adquiridas desde 2018.
El impacto en la rentabilidad es concreto y medible. Según estimaciones técnicas citadas por CAMESI, un propietario alcanzado por la alícuota máxima podría mejorar su rentabilidad neta en torno al 60%. El ejemplo es claro: un alquiler de $700.000 mensuales —$8.400.000 anuales— que antes quedaba sujeto al gravamen según la situación fiscal del contribuyente, ahora queda completamente exento. La eliminación del impuesto cedular, por su parte, reduce una carga que muchas veces postergaba decisiones de venta o reinversión, y se espera que active la rotación del stock de viviendas usadas.
Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, fue directo sobre el alcance de la medida: “En un país con déficit habitacional, reducir impuestos sobre la actividad inmobiliaria no es un beneficio sectorial: es una medida que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas.” Para el directivo, durante años la carga tributaria desincentivó decisiones clave como alquilar, vender o reinvertir. El nuevo esquema, en cambio, “premia la formalidad en lugar de castigarla”, al incentivar que más propietarios registren sus contratos y sostengan relaciones transparentes con los inquilinos.
García Malbrán también señaló la oportunidad que abre la reforma en términos de actividad económica: “El nuevo esquema fiscal abre una ventana de oportunidad para reactivar operaciones postergadas y aumentar la oferta de viviendas.” Para CAMESI, el dinamismo del sector inmobiliario moviliza encadenamientos hacia la construcción, los servicios profesionales, el crédito y el empleo.
Desde el sector advierten que la reforma no resuelve por sí sola el problema habitacional estructural de Argentina, pero representa un cambio concreto que mejora la ecuación económica de quienes ponen una propiedad en alquiler o deciden vender — y que puede traducirse en más oferta formal en el mercado.
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