El proyecto de desregulación del mercado inmobiliario que impulsa el ministro Federico Sturzenegger reabrió un debate que va más allá de lo técnico. La iniciativa apunta a eliminar la matrícula y el título universitario como requisitos para ejercer el corretaje, habilitar el trabajo interjurisdiccional sin restricciones y liberalizar honorarios, con el objetivo de abrir el mercado a la competencia. El borrador también contempla el reconocimiento expreso del corretaje a través de plataformas digitales.
En ese escenario, volvió a tomar relevancia una posición pública que la actual senadora nacional Patricia Bullrich había expresado en 2023 durante una visita al Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), donde sostuvo que el corredor matriculado “da confianza a las partes y garantiza el éxito de una transacción inmobiliaria” y consideró “esencial” el rol de los colegios como entidades ordenadoras del mercado. La reaparición de esa declaración expuso diferencias conceptuales dentro del propio espacio político oficialista sobre cómo debería funcionar el mercado inmobiliario argentino.
Los colegios profesionales cuestionan tanto la constitucionalidad del proyecto — al entender que la regulación de la actividad es una potestad provincial no delegada a la Nación — como los potenciales efectos sobre la seguridad jurídica de operaciones que involucran el patrimonio de las familias.
Entre las cámaras que respaldan la apertura del sistema se encuentra CAMESI, que sostiene que el esquema vigente limita la competencia y dificulta el ingreso de nuevos prestadores de servicios. Para la cámara, el punto de partida del debate es separar la protección genuina del consumidor de la preservación de estructuras corporativas, y avanzar hacia mecanismos de control más eficientes como los seguros de responsabilidad civil y la reputación digital.
La reaparición de la frase de Bullrich hizo visible algo que el debate técnico no siempre muestra: que las diferencias sobre cómo regular el corretaje inmobiliario en Argentina no son solo económicas o jurídicas, sino también políticas.
Fuente: Crónica del NOA — Leé la nota completa
