La propuesta oficial de desregulación inmobiliaria llegó al debate nacional con impacto en medios de todas las regiones del país. La iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger apunta a eliminar la matrícula y el título universitario obligatorios para ejercer como corredor, liberar honorarios y habilitar el ejercicio a través de plataformas digitales. Desde el Gobierno sostienen que los cambios favorecerán una mayor competencia y facilitarán el acceso a los servicios inmobiliarios.
La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) respaldó la iniciativa. Su presidente, Mariano García Malbrán, consideró que la matrícula obligatoria “funciona como una barrera que limita el ingreso de nuevos actores al mercado” e impide que personas con formación comercial puedan prestar servicios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional. Para CAMESI, la transparencia en las operaciones puede garantizarse mediante herramientas digitales: sistemas de evaluación de usuarios, trazabilidad de las operaciones y reputación online.
Desde los colegios profesionales, la respuesta fue de rechazo. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI, sostuvo que la regulación de la actividad corresponde a las provincias y no puede modificarse por ley nacional: “No hay sustento jurídico para ello. La habilitación y matriculación de los profesionales corresponde a las provincias y no fue delegada a la Nación.” Liotto además cuestionó que el corretaje pueda equipararse a una actividad comercial común, al involucrar patrimonio, documentación legal y responsabilidades profesionales que requieren capacitación específica.
García Malbrán fue preciso sobre el modelo alternativo que propone CAMESI: “Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia.” Para la cámara, seguros obligatorios de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo ofrecen al cliente una garantía más concreta que las sanciones administrativas de los colegios.
El debate expone una pregunta de fondo: ¿qué herramientas protegen mejor al consumidor en operaciones inmobiliarias de alto impacto patrimonial, y quién debe definirlo?
Fuente: Radio Gabal — Leé la nota completa
