El proyecto de desregulación del corretaje inmobiliario que impulsa el Gobierno nacional abrió un debate que combina dimensiones jurídicas, económicas y profesionales. La iniciativa contempla la eliminación de la matrícula y el título universitario obligatorios, la liberalización de honorarios y la habilitación del ejercicio interjurisdiccional y a través de plataformas digitales. Según datos de las entidades profesionales, más del 95% de las operaciones del país se realizan con intervención de corredores matriculados.
Uno de los ejes más complejos es el constitucional. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI — que nuclea a 35 colegios y más de 40.000 matriculados junto a FIRA —, sostuvo que “la habilitación y matriculación de los profesionales es una potestad provincial que no fue delegada a la Nación.” Para las entidades colegiadas, la regulación de la actividad corresponde a cada provincia y no puede modificarse mediante una ley nacional, lo que anticipa potenciales conflictos legales si el proyecto avanza sin consenso.
En materia de honorarios, los colegios rechazan la liberalización y sostienen que el corretaje no es una actividad comercial ordinaria: “El honorario profesional no funciona igual que el margen de ganancia de un comercio”, señaló Liotto. Para las entidades, los topes actuales evitan abusos y garantizan previsibilidad. Desde el sector desregulador, en cambio, la evidencia indica que las tarifas reguladas funcionan como piso y no como techo, y que la competencia real presiona las comisiones a la baja.
Desde CAMESI, Mariano García Malbrán calificó a la matrícula obligatoria como una “barrera artificial de entrada” y propuso reemplazar los controles colegiados por seguros de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo. “Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la tecnología y la competencia”, sostuvo. Y cerró con una postura de fondo: “La modernización del mercado inmobiliario es inevitable y debe ponerse del lado del consumidor, la competencia y la libertad de elección.”
El debate define algo más que una discusión gremial: establece bajo qué reglas operará el corretaje inmobiliario en Argentina y quién responderá ante el consumidor cuando una operación patrimonial de alto impacto salga mal.
Fuente: APF Digital — Leé la nota completa
