El proyecto de desregulación inmobiliaria que impulsa el ministro Federico Sturzenegger llegó a la agenda de la Patagonia. La iniciativa busca eliminar la matrícula y el título universitario obligatorios para ejercer el corretaje, liberar honorarios, permitir el ejercicio interjurisdiccional y reconocer el corretaje a través de plataformas digitales. Para los defensores de la medida, los cambios reducirían barreras de ingreso y ampliarían la competencia en el sector.
Sturzenegger marcó el tono del debate durante el evento Real Estate 2026: “El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado.” El ministro también cuestionó la existencia de honorarios mínimos obligatorios y los calificó como una distorsión que limita la competencia. Como antecedente, citó el impacto del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres: “Eso permitió que el mercado vuelva a funcionar”, señaló, aludiendo a que la oferta de propiedades en alquiler aumentó un 300% tras esa medida.
Desde el sector empresarial también se sumaron voces en línea con la reforma. Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint, sostuvo que “la desregulación de la intermediación inmobiliaria en Argentina no es una reforma más: es un cambio de paradigma”, y la describió como “el paso necesario para devolverle al sector su verdadera naturaleza: la de un servicio comercial, competitivo, abierto a la innovación.” La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) también respaldó la iniciativa, sosteniendo que el sistema actual restringe la competencia al impedir que personas con formación comercial operen fuera del esquema colegiado.
Para Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, “el sistema actual limita la competencia porque impide que personas con formación comercial puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado.” La cámara propone reemplazar el control de acceso por mecanismos de responsabilidad sobre el ejercicio: seguros de responsabilidad civil y sistemas de reputación digital.
El debate en la Patagonia refleja una discusión que alcanza a todo el país: si el precedente del mercado de alquileres muestra que menos regulación puede generar más oferta y mayor competencia, la pregunta es si esa lógica aplica también al corretaje — y qué resguardos son necesarios para proteger al consumidor en el proceso.
Fuente: Río Negro — Leé la nota completa
