La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) participó el 19 de noviembre de la reunión de labor parlamentaria convocada por la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado de Salta, en la que se analizó el Proyecto de Ley que propone modificaciones a la Ley 7.629. La iniciativa encendió señales de alerta en el sector debido al impacto operativo y jurídico que podría generar.
Una modificación que cambia la dinámica de trabajo del mercado
El punto más crítico del proyecto es la eliminación de la frase “salvo por sus dependientes” en el Artículo 57, disposición que desde 2010 permite que personas no matriculadas realicen tareas accesorias bajo supervisión del corredor inmobiliario.
De aprobarse este cambio, esa posibilidad quedaría restringida de manera implícita, afectando directamente la estructura laboral con la que operan las inmobiliarias en la provincia.
Implicancias operativas y jurídicas
CAMESI advirtió que la supresión de este fragmento desconoce la realidad del mercado inmobiliario, tanto a nivel local como internacional. La actividad es desarrollada habitualmente por equipos de trabajo que integran empleados, auxiliares, contratistas y agentes dedicados a funciones complementarias como:
- administración y gestión documental
- marketing y contenidos
- redes sociales
- análisis de datos
- soporte tecnológico
Limitar estas colaboraciones obligaría al corredor a desempeñar la actividad prácticamente en soledad. Según la Cámara, esta exigencia sería operativamente inviable, aun cuando la responsabilidad profesional continúe recayendo exclusivamente sobre el matriculado.
Además, la reforma podría generar incertidumbre jurídica, ya que numerosos corredores realizaron inversiones y establecieron relaciones laborales conforme al marco normativo vigente desde hace más de una década. Alterar ese esquema afectaría derechos adquiridos y podría habilitar interpretaciones amplias por parte de futuras autoridades del colegio profesional, con potencial impacto en la generación de empleo y en la expansión del mercado.
Una advertencia sobre los límites al ejercicio profesional
En el documento presentado ante los legisladores, CAMESI remarcó que el proyecto “colisiona con el derecho constitucional de ejercer toda industria lícita”, principio contemplado tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la provincia.
En este sentido, la entidad subrayó que los corredores deben conservar la libertad de organizar su actividad comercial de acuerdo con las necesidades de su negocio y con las prácticas habituales del sector, garantizando un funcionamiento eficiente, transparente y alineado con estándares internacionales.
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