El anuncio del ministro Federico Sturzenegger de enviar al Congreso en junio un proyecto de desregulación inmobiliaria desató una reacción inmediata en el sector.
La iniciativa, que propone revisar la matrícula obligatoria, los honorarios, las restricciones geográficas y el rol de los colegios profesionales como organismos de control, fue rechazada de forma casi unánime por las principales entidades del sector. Colegios de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, San Isidro y la Cámara Inmobiliaria Argentina coincidieron en advertir sobre los riesgos para la seguridad jurídica, el aumento de la informalidad y la desprotección del consumidor en operaciones de alto valor patrimonial.
En ese contexto de rechazo generalizado, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), aportó una perspectiva orientada a la modernización del sector: “La flexibilización puede tener aspectos positivos si elimina barreras innecesarias y permite innovación. El desafío es combinar competencia con responsabilidad.” García Malbrán propuso diferenciar el rol del corredor del martillero, avanzar hacia una formación más específica y reconocer la figura del agente inmobiliario. Para la cámara, la discusión sobre desregulación debe darse con seriedad y con foco en construir un mercado más moderno, competitivo y abierto, pero sin resignar estándares profesionales ni desproteger al consumidor.
El debate abierto por la reforma tiene implicancias que van más allá de lo regulatorio. Involucra la distribución de competencias entre Nación y provincias, el rol de la tecnología en la modernización del sector y, sobre todo, la protección de quienes toman las decisiones patrimoniales más importantes de su vida.
García Malbrán sintetizó la postura de CAMESI con claridad: “El camino debe apuntar a un mercado más moderno, competitivo y abierto, pero con reglas claras, formación adecuada y responsabilidad en cada operación.”
Fuente: Ámbito Financiero — Leé la nota completa
