Mientras el Gobierno nacional impulsa una desregulación profunda para transformar el corretaje en un servicio comercial competitivo, Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, rebate los argumentos de los colegios profesionales y defiende un modelo basado en la tecnología, la reputación y la libertad de mercado por sobre el privilegio corporativo.
El mercado inmobiliario argentino se encuentra ante un cambio de paradigma que promete sacudir estructuras vigentes desde hace décadas. La gestión del presidente Javier Milei, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como principal motor, ha puesto la mira en la eliminación de las barreras que hoy rigen la actividad de los corredores.
El plan oficial es ambicioso: eliminar la obligatoriedad de la matrícula y el título universitario para ejercer, terminar con el monopolio de los colegios profesionales, liberalizar los honorarios y permitir la operación interjurisdiccional sin trabas geográficas.
Este escenario ha generado un frente de alta tensión. Mientras los colegios profesionales mencionan supuestos riesgos para la seguridad jurídica y un eventual aumento de la informalidad, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) consideraron que la modernización es urgente.
Para Mariano García Malbrán, el sistema actual no es más que un esquema corporativo que encarece artificialmente el acceso al mercado en lugar de proteger al consumidor.
Competencia vs. corporativismo: el debate por la matrícula
Uno de los puntos más sensibles del debate es la exigencia de la matrícula obligatoria. Los colegios tradicionales sostienen que su eliminación es innecesaria porque contratar a un corredor hoy es opcional. Sin embargo, Malbrán califica este argumento como una “falacia de libertad de elección”. Según el directivo, si bien cada persona es libre de contratar o no a un profesional, la ley actual prohíbe elegir a un prestador que esté por fuera del colegiado, aunque ese corredor ofrezca mejores costos, herramientas tecnológicas o servicios más eficientes.
En su visión, la matrícula actúa como una “barrera artificial de entrada” que limita la oferta y mantiene los precios altos. Para rebatir el temor a una supuesta falta de profesionalismo, Malbrán pone el foco en mercados maduros como Estados Unidos o el Reino Unido, donde la eficiencia no depende de un carnet administrativo, sino del cumplimiento de estándares de protección al consumidor y de la competencia real.
El profesionalismo, sostiene el presidente de CAMESI, “no se adquiere en la universidad, sino en la formación de cada día”, vinculada a habilidades en marketing, uso de CRM y trabajo en red, competencias que los modelos cerrados han intentado perseguir por considerarlos innovadores.
Respecto a la seguridad jurídica, es claro que la transparencia “no la garantiza un sello, sino la reputación y la tecnología”. En la era del Big Data, los sistemas de puntuación de usuarios y portales inmobiliarios modernos, el mercado se autorregula de forma más efectiva que cualquier tribunal de ética colegial, los cuales, en la práctica, no tienen facultad para resarcir económicamente a un particular damnificado.
Eficiencia económica y el nuevo marco de responsabilidad
El temor a que la desregulación de honorarios provoque un aumento de costos es otro de los ejes que Malbrán desarticula. Contrario a lo que plantean los colegios —quienes sostienen que los topes máximos protegen al consumidor—, la evidencia económica que cita el directivo indica que las tarifas reguladas suelen funcionar como un “piso” y no como un techo.
En un mercado abierto, la competencia presiona las comisiones a la baja. Malbrán ejemplifica con el caso de Estados Unidos, donde fallos judiciales recientes contra prácticas monopólicas de agentes inmobiliarios están provocando una caída drástica en las comisiones.
En lugar de la tutela colegiada, la propuesta de CAMESI se alinea con estándares internacionales: la implementación de seguros de responsabilidad civil obligatorios. Según Malbrán, este sistema es mucho más efectivo para el cliente, ya que garantiza un resarcimiento económico real ante una mala praxis, algo que una sanción administrativa de un colegio profesional jamás podrá ofrecer.
Asimismo, señala que existen sistemas de arbitraje de consumo mucho más ágiles que la justicia ordinaria o la burocracia de los colegios para resolver conflictos.
Finalmente, frente al cuestionamiento sobre la competencia provincial para regular la actividad, Malbrán apela a la jerarquía constitucional. Argumenta que la Constitución Nacional garantiza el derecho a ejercer toda industria lícita y que las provincias no pueden utilizar la “policía de profesiones” para crear monopolios que afecten la libertad de comercio interjurisdiccional.
Para CAMESI, el camino es claro: permitir que el talento y el servicio al cliente determinen quién gana en el mercado, dejando atrás una estructura del siglo pasado para abrazar la modernización definitiva del sector.
