El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley para modificar profundamente el funcionamiento del mercado inmobiliario argentino. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, apunta a eliminar la matrícula y el título universitario obligatorios para ejercer el corretaje, liberar honorarios y habilitar el ejercicio interjurisdiccional y a través de plataformas digitales. Según datos del sector, más del 95% de las operaciones de compraventa del país se realizan con intervención de corredores matriculados.
Uno de los ejes más debatidos es el jurisdiccional. La presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI, Marta Liotto, cuestionó la viabilidad del proyecto al sostener que la habilitación y matriculación de los profesionales es una potestad provincial no delegada a la Nación: “No hay sustento jurídico para ello.” Para las entidades colegiadas, que reúnen a más de 35.000 matriculados en todo el país, la iniciativa no solo desconoce el funcionamiento real del mercado sino que puede comprometer la seguridad jurídica de operaciones que involucran el patrimonio de las familias.
Desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), la postura apunta a desplazar el eje de la discusión: el debate no es sobre jurisdicción sino sobre a quién protege realmente el sistema vigente. “El sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional”, sostuvo Mariano García Malbrán. Para la cámara, la matrícula opera como una barrera artificial de entrada que reduce la oferta y mantiene altos los costos de intermediación.
García Malbrán también señaló que “la reputación digital, la trazabilidad de las operaciones y los sistemas de evaluación de usuarios generan mecanismos de autorregulación más eficientes que los tribunales disciplinarios tradicionales”, y propuso reemplazar el control colegiado por seguros obligatorios de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo. Su planteo central: “Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia.”
El debate llega a la agenda bonaerense en un momento donde la regulación del corretaje inmobiliario involucra no solo intereses sectoriales sino preguntas más amplias: qué modelo protege mejor al consumidor, y qué rol deben cumplir las provincias en la definición de esas reglas.
Fuente: Diputados Bonaerenses — Leé la nota completa
