El mercado inmobiliario argentino enfrenta un debate regulatorio de fondo: la propuesta oficial de eliminar la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, liberalizar honorarios y habilitar la actividad interjurisdiccional generó posiciones definidas entre los distintos actores del sector. Según datos citados en el debate, más del 95% de las operaciones de compraventa del país se realizan con intervención de corredores matriculados — una cifra que cada posición interpreta de manera distinta.
La propuesta, que apunta a transformar el corretaje en una actividad comercial abierta, contempla cambios profundos: fin de la matrícula y del título universitario como requisitos, eliminación de topes en honorarios, habilitación del ejercicio interjurisdiccional y reconocimiento expreso del corretaje a través de plataformas digitales. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, impulsó la iniciativa bajo la premisa de abrir el mercado y reducir costos de intermediación para los consumidores.
Desde CAMESI, Mariano García Malbrán planteó que el debate “debe separar la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo”, y que “el sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional.” Para la cámara, la transparencia real no depende de la matrícula: “Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia.”
El debate expone una pregunta de fondo que excede lo regulatorio: qué modelo garantiza mejor la calidad del servicio y la protección de quien compra, vende o alquila una propiedad en Argentina.
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