El proyecto de desregulación inmobiliaria impulsado por el ministro Federico Sturzenegger generó uno de los debates más intensos del sector en los últimos años. La iniciativa apunta a eliminar la matrícula y el título universitario obligatorios, liberalizar honorarios, habilitar el ejercicio interjurisdiccional y reconocer expresamente el corretaje a través de plataformas digitales. Según datos de las entidades profesionales, más del 95% de las operaciones inmobiliarias del país se realizan con intervención de corredores matriculados — una cifra que los colegios presentan como evidencia de un sistema que funciona, y que los sectores desreguladores leen como señal de un mercado sin alternativas reales.
En ese contexto volvió a circular una posición que la actual senadora Patricia Bullrich había expresado en 2023, cuando sostuvo que el corredor matriculado “da confianza a las partes y garantiza el éxito de una transacción inmobiliaria” y consideró “esencial” el rol de los colegios como entidades ordenadoras del mercado. La reaparición de esa declaración expuso diferencias dentro del propio espacio político oficialista sobre cómo debe funcionar el sector. Los colegios también cuestionaron la constitucionalidad del proyecto: para Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI — que nuclea a 35 colegios y más de 40.000 matriculados junto a FIRA — “la habilitación y matriculación de los profesionales es una potestad provincial que no fue delegada a la Nación.”
Desde CAMESI, Mariano García Malbrán sostuvo que el eje del debate es “separar la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo”, y calificó a la matrícula obligatoria como una “barrera artificial de entrada” que reduce la oferta y mantiene altos los costos de intermediación. Para respaldar su postura, citó los cambios recientes en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, donde fallos judiciales empujaron una baja de comisiones y una negociación más flexible entre las partes.
García Malbrán propuso reemplazar parte de los controles colegiados por seguros obligatorios de responsabilidad civil y mecanismos de arbitraje de consumo que garanticen resarcimientos económicos reales ante malas praxis. “Hoy la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la tecnología y la competencia”, afirmó. Y cerró con una postura de fondo: “La modernización del mercado inmobiliario es inevitable y debe ponerse del lado del consumidor, la competencia y la libertad de elección.”
El debate plantea dos modelos para el futuro del corretaje en Argentina: uno basado en controles de acceso a la profesión, y otro en mecanismos de responsabilidad sobre su ejercicio. La resolución de ese debate definirá las reglas bajo las cuales operará el mercado inmobiliario argentino en los próximos años.
Fuente: Ámbito Financiero — Leé la nota completa
