La discusión por la desregulación del mercado inmobiliario llegó a la Legislatura bonaerense. Un grupo de diputados de La Libertad Avanza, con Juan Osaba como principal impulsor, trabaja sobre una iniciativa para modificar la Ley 10.973, que regula el ejercicio de martilleros y corredores públicos en la provincia. La propuesta se alinea con el proyecto que el Gobierno nacional impulsa bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y podría derivar en un proyecto conjunto entre ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.
La iniciativa apunta a habilitar la intermediación inmobiliaria a personas humanas y jurídicas sin matrícula profesional, incorporar la autonomía de las partes para la fijación de honorarios y comisiones, y eliminar las sanciones para quienes participen en operaciones sin título habilitante. Desde el espacio libertario sostienen que las tareas de control legal ya cuentan con la intervención de abogados y escribanos, lo que haría innecesaria la matrícula para las tareas de intermediación pura.
La posibilidad de avanzar con la reforma generó un rechazo inmediato del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires. Su presidente, Luis Eusebio Colao, calificó la iniciativa como “un retroceso de más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia” y advirtió que “la modificación implica abrir la puerta al reino de las estafas.” Colao también señaló que la propuesta pone en riesgo los puestos de trabajo vinculados con un mercado del que dependen más de 200.000 familias en la provincia.
Desde CAMESI, Mariano García Malbrán sostuvo en distintas oportunidades que el mercado actual demanda perfiles vinculados con la tecnología, el marketing y la administración comercial, más allá del modelo tradicional de matriculación. Para la cámara, la reputación digital y la competencia abierta son herramientas más eficientes para proteger a los consumidores que los sistemas colegiados tradicionales, y el debate bonaerense replica la misma lógica que se plantea a escala nacional.
El debate en la provincia de Buenos Aires agrega una dimensión relevante: la Ley 10.973 es jurisdicción provincial, y su eventual modificación impactaría directamente en el mercado inmobiliario más grande del país. La discusión anticipa un proceso legislativo donde se van a cruzar argumentos económicos, jurídicos y profesionales — con un trasfondo que define quién puede ejercer el corretaje, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de responsabilidad frente al consumidor.
Fuente: Ámbito Financiero — Leé la nota completa
