El proyecto de desregulación inmobiliaria que impulsa el ministro Federico Sturzenegger generó un debate que trasciende el ámbito sectorial porteño y alcanza a medios y actores de todas las regiones del país. La iniciativa apunta a eliminar la matrícula y el título universitario obligatorios para ejercer el corretaje, liberalizar honorarios y habilitar el ejercicio interjurisdiccional y a través de plataformas digitales.
El enfrentamiento entre cámaras empresariales y colegios profesionales se mantiene activo. Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular de COFECI, cuestionó el sustento jurídico del proyecto al considerar que la regulación de la actividad es una potestad provincial no delegada a la Nación, y advirtió que una apertura total del sistema podría exponer a los consumidores a errores, fraudes y prácticas abusivas. Según datos del sector, más del 95% de las operaciones de compraventa del país se realizan hoy con intervención de corredores matriculados.
La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) respalda la apertura del sistema y sostiene que la matrícula obligatoria opera como una barrera artificial de entrada que limita la oferta y mantiene altos los costos de intermediación. Para la cámara, el camino es reemplazar el control de acceso por mecanismos de responsabilidad sobre el ejercicio: seguros de responsabilidad civil, trazabilidad digital y sistemas de reputación.
Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, sostuvo que “el sistema actual limita la competencia porque impide que personas con formación comercial puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional”, y planteó que el eje del debate “debe separar la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo.” Respecto a los honorarios, señaló que la evidencia económica indica que las tarifas reguladas funcionan como piso y no como techo — y que en mercados abiertos la competencia presiona las comisiones a la baja.
El debate abre preguntas que exceden lo regulatorio: qué modelo garantiza mejor la calidad del servicio y la protección de quien compra, vende o alquila una propiedad en Argentina, y quién debe responder cuando algo sale mal.
Fuente: El Miércoles Digital — Leé la nota completa
