Con el anuncio del Gobierno de enviar en junio al Congreso un proyecto de desregulación del mercado inmobiliario, el debate sobre las reglas que rigen el corretaje en Argentina cobró nueva intensidad. La iniciativa, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, propone eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario como requisitos para ejercer, terminar con el monopolio de los colegios profesionales, liberalizar los honorarios y habilitar la operación interjurisdiccional sin restricciones geográficas.
Uno de los ejes más debatidos es la matrícula. Los colegios profesionales sostienen que su eliminación afectaría la seguridad jurídica y aumentaría la informalidad. Desde CAMESI, Mariano García Malbrán calificó esa postura como una “falacia de libertad de elección”: si bien contratar a un corredor es opcional, la ley actual prohíbe elegir prestadores por fuera del sistema colegiado, aunque ofrezcan mejores costos, tecnología o eficiencia. Para la cámara, la matrícula no protege al consumidor — actúa como una barrera artificial de entrada que limita la oferta y mantiene los precios altos.
Para rebatir el argumento del profesionalismo, García Malbrán citó modelos de mercados maduros como Estados Unidos —con licencias estatales y competencia de modelos flat-fee— y el Reino Unido —sin título universitario específico pero con estándares claros de protección al consumidor—. En esa línea, sostuvo que el profesionalismo “no se adquiere en la universidad, sino en la formación de cada día”, vinculada a habilidades en marketing, uso de CRM y trabajo en red. Sobre los honorarios, descartó que la desregulación implique mayores costos: “Los costos ocultos no existen, está todo normado y fijado por el estado en materia de tasas”, y señaló que las tarifas reguladas funcionan como piso, no como techo — en un mercado abierto, la competencia presiona las comisiones a la baja.
La propuesta concreta de CAMESI reemplaza la tutela colegiada por tres pilares: seguros de responsabilidad civil obligatorios que garanticen resarcimiento económico real ante mala praxis, sistemas de arbitraje de consumo más ágiles que la justicia ordinaria, y mecanismos de reputación y tecnología como herramientas de autorregulación. “Es fundamental separar la protección del consumidor de la protección del privilegio corporativo”, sintetizó García Malbrán, dejando en claro que el respaldo a la desregulación no implica desprotección sino un modelo diferente de garantías.
El debate que abre este proyecto es más profundo que una discusión gremial: define quién puede ejercer una actividad clave para las decisiones patrimoniales más importantes de la vida de las personas, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control. La posición de CAMESI apunta a un mercado más competitivo, transparente y accesible — donde el talento y el servicio al cliente, y no el carnet administrativo, determinen quién gana.
Fuente: Revista Mercado — Leé la nota completa
