Hacia una tercera vía para el corretaje inmobiliario en la Argentina

Hacia una tercera vía para el corretaje inmobiliario en la Argentina

A partir del histórico fallo de la Autoridad Nacional de la Competencia que sancionó al Colegio Inmobiliario porteño por abuso de posición dominante, desde CAMESI impulsamos una transformación profunda del marco normativo: una “tercera vía” que elimina el monopolio colegial, crea un Registro Nacional Biométrico de Corredores y garantiza la protección real del consumidor mediante un seguro de responsabilidad profesional obligatorio.

El histórico dictamen de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que impuso una sanción económica de más de $290 millones al Colegio Profesional Inmobiliario porteño (CPI, ex Cucicba) por abuso de posición dominante, constituye un punto de inflexión decisivo para la transparencia y la modernización del sector inmobiliario argentino.

La investigación oficial fundamentó la sanción al acreditar un hostigamiento sistemático y discriminatorio contra profesionales vinculados a modelos de redes y franquicias. La desproporción estadística resultó contundente: profesionales que representan menos del 2% del padrón total concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas por la entidad.

Este accionar expuso la falla estructural del modelo colegiado tradicional: la existencia de un conflicto de intereses directo, donde quienes ejercen la potestad pública de regular, fiscalizar y sancionar son, al mismo tiempo, competidores comerciales activos dentro del mismo mercado.

11

Un llamado de atención federal

En relación con el alcance normativo e institucional del fallo, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara Empresaria de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), destacó la necesidad de extender este debate a todas las jurisdicciones del país: “Este fallo trasciende a un solo Colegio. En muchos Colegios inmobiliarios del país se da exactamente la misma situación, y esta resolución es un llamado de atención para todos ellos. La matrícula y las facultades disciplinarias existen para ordenar la actividad y proteger al público, no para condicionar, perseguir o excluir a un corredor por el modelo de trabajo que elige”.

La transformación normativa debe abrirse paso y superar la discusión entre el monopolio de los Colegios y la desregulación sin reglas. Dado que la compra, venta o alquiler de un inmueble representa con frecuencia la transacción económica más importante para una familia, el público necesita certezas sobre la idoneidad del profesional y garantías reales en caso de incumplimientos o perjuicios.

La transformación normativa debe separar definitivamente dos dimensiones que la legislación actual mantiene erróneamente mezcladas: la habilitación para ejercer la profesión y la garantía de protección al consumidor.

agente 11

Los cuatro pilares de la “tercera vía”

Para construir un entorno equitativo, transparente e innovador, proponemos la articulación de un nuevo régimen normativo estructurado en cuatro ejes centrales:

  • Matrícula no obligatoria: Eliminación del monopolio de matriculación en manos de los colegios profesionales. La supresión de esta barrera de entrada previene que las potestades públicas delegadas se utilicen como mecanismos corporativos de exclusión comercial o distorsión de la competencia.
  • Registro Nacional Biométrico de Corredores: Creación de un registro público, único, federal y de acceso abierto, dotado de validación de identidad biométrica. Este instrumento permitirá a cualquier ciudadano consultar de forma inmediata la trayectoria, antecedentes y vigencia operativa del profesional, sin intermediación de entidades con intereses comerciales.
  • Seguro de Responsabilidad Profesional Obligatorio: Reemplazo del régimen sancionatorio colegial —que no restituye los daños económicos a las víctimas de mala praxis— por la exigencia de un seguro de responsabilidad profesional obligatorio. De este modo, ante cualquier error, omisión o fraude, el consumidor dispondrá de una solución patrimonial directa, ejecutable y verificable en el registro público.
  • Preservación de obligaciones esenciales bajo control estatal independiente: Mantenimiento de la supervisión estatal sobre exigencias sustantivas, tales como la prevención del lavado de activos y el deber de información precisa a las partes, garantizando un control de legalidad transparente y no discriminatorio.

Esta propuesta institucional reafirma que el corredor inmobiliario sigue siendo un actor profesional indispensable para asesorar, verificar la documentación, ordenar las operaciones y asumir la responsabilidad técnica del negocio.

Lo que debe cambiar radicalmente es la arquitectura regulatoria: quién otorga la habilitación y cómo se protege patrimonialmente al comprador y al vendedor. El pronunciamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia marca el camino para superar los privilegios corporativos y consolidar un mercado inmobiliario plural, dinámico y con el consumidor en el centro.