El último Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella advierte que Buenos Aires es la cuarta ciudad más cara de la región. El informe, que reporta el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 12 ciudades de 7 países de América Latina, ubica en 2.586 dólares el precio del m2 en la capital argentina, detrás de Montevideo (US$ 3.330), Ciudad de México (US$ 2.666) y Monterrey (US$ 2.592).
En ese contexto, vuelve a resonar una de las máximas “deudas” del sector de real estate en nuestro país: transparentar los precios. En el mercado inmobiliario argentino aún persiste una práctica extendida que condiciona la transparencia y distorsiona tanto la percepción del valor de los inmuebles como la toma de decisiones: la subdeclaración de los precios reales de compraventa. Lo que se firma en la escritura pública muchas veces no refleja el monto realmente pagado. Esta distancia entre lo formal y lo real no solo debilita la confianza en el sistema, sino que impide el desarrollo de un mercado moderno, previsible y competitivo.
Transparentar los precios no es simplemente una cuestión contable o tributaria. Es un paso indispensable para profesionalizar el sector, brindar mayor seguridad jurídica y generar condiciones de equidad para todos los actores: compradores, vendedores, desarrolladores, agentes inmobiliarios, inversores y el propio Estado. Hoy, quienes desean comprar o vender una propiedad en Argentina no tienen a disposición datos confiables sobre los valores reales de cierre, lo que debilita las tasaciones, prolonga los tiempos de venta y alimenta expectativas muchas veces alejadas del comportamiento real del mercado.
Beneficios de transparentar los precios para compradores y vendedores
En otros países, este problema ha sido resuelto con éxito. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema MLS (Multiple Listing Service) registra y publica los precios reales de cierre de cada operación. En Francia, la base DVF (Demande de Valeur Foncière) permite consultar gratuitamente todos los valores de venta informados ante el fisco. En el Reino Unido, el Land Registry cumple una función similar. La diferencia es clara: donde hay datos confiables, hay decisiones mejor informadas, inversiones más seguras y una competencia más justa.
¿Qué impide que avancemos en esa dirección en Argentina? “En primer lugar, una cultura de informalidad que se ha vuelto estructural. También hay resistencias vinculadas a la presión fiscal y a la falta de incentivos para declarar el precio real. Asimismo, también sucede que muchos compradores no cuentan con el capital previamente declarado ante el Estado y no pueden justificar cómo adquieren un determinado bien inmueble. Pero el mayor obstáculo es la falta de voluntad política para generar un sistema de acceso abierto y obligatorio a los valores reales de compraventa”, afirma Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) y director de Keymex Latam y Argentina.
Una solución simple para un problema complejo
Como en muchas otras cuestiones, la solución no es compleja. Requiere de una articulación entre el sector público, los registros de propiedad, los colegios de escribanos y el ecosistema inmobiliario. Lo relevante es que la tecnología ya existe. Con herramientas de big data, inteligencia artificial y georreferenciación, hoy sería posible construir un sistema de precios transparente, dinámico y verificable. Incluso el blockchain puede ofrecer garantías de trazabilidad y seguridad de los datos.
En plena evolución de la industria, transparentar los precios es un compromiso con la profesionalización del sector. Es también una oportunidad para construir un mercado más eficiente, donde el valor de una propiedad no dependa de especulaciones sino de información real. Si queremos atraer inversión, generar empleo de calidad y posicionar al real estate argentino a la altura de los principales mercados del mundo, no podemos postergar esta transformación.
Argentina necesita un mercado inmobiliario con reglas claras, previsibles y modernas. Transparentar los precios no es solo posible: es urgente.
