Bajo el impulso del Ministerio de Desregulación, el Gobierno busca transformar el corretaje en un servicio comercial competitivo. Para CAMESI, la medida reducirá costos burocráticos y fomentará la innovación.
Tras décadas con un esquema de funcionamiento cerrado y regulado por leyes que datan, en algunos casos, de gobiernos de facto, la gestión de Javier Milei ha decidido avanzar en un cambio profundo de la actividad inmobiliaria. El plan, motorizado por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tiene un objetivo claro: eliminar barreras burocráticas, reducir los costos de las operaciones y fomentar una competencia real que beneficie al consumidor final.
Desde la perspectiva de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), la iniciativa resulta “urgente” para modernizar una industria que se percibe “atada con cadenas burocráticas que no suman nada”. Para la entidad, el sistema actual ha funcionado como un esquema corporativo que restringe el ingreso a la actividad y encarece artificialmente el acceso al mercado.
¿Qué pretende el Gobierno con la desregulación?
La hoja de ruta oficial para el sector inmobiliario se apoya en cinco ejes centrales que buscan redefinir el rol de cada eslabón de la cadena:
- Eliminación de la matrícula obligatoria y de la exigencia de un título universitario para ejercer el corretaje.
- Fin del monopolio de los colegios profesionales, quitándoles el rol de control y sanción sobre los profesionales.
- Eliminación de las restricciones geográficas, permitiendo que un corredor opere en cualquier jurisdicción del país.
- Derogación de sanciones por el ejercicio de la actividad sin estar matriculado en una entidad corporativa.
- Liberalización total de honorarios, eliminando aranceles mínimos y fijos para que las partes acuerden libremente los costos.
El diagnóstico del equipo económico oficial sostiene que el exceso de normas genera costos ocultos. En Argentina, los gastos de cierre de una operación pueden alcanzar entre el 7% y el 10% del valor del inmueble, una cifra que el Gobierno considera elevada en comparación con otros países y que atenta contra el principio de libertad económica.
La expectativa de competir por el valor real
Desde CAMESI, la visión es optimista respecto al impacto que estas medidas tendrán en la dinámica del sector. Su presidente, Mariano García Malbrán, sostiene que una flexibilización obligará a los actores del mercado a enfocarse en la eficiencia y el valor agregado.
“Si el corretaje pasa a ser un servicio más abierto, el impacto principal va a ser más competencia y presión sobre las comisiones. Eso obliga a competir por valor real: captación, marketing, datos, velocidad de cierre y experiencia del cliente”, afirma.
Para las empresas de servicios inmobiliarios, la matriculación obligatoria —que hoy puede costar alrededor de 3,5 millones de pesos solo en la Ciudad de Buenos Aires— no ofrece una contraprestación real ni respaldo profesional. Por el contrario, consideran que los colegios han utilizado el poder delegado por el Estado para “blindar privilegios” y perseguir a los modelos de negocio más innovadores, como las redes de franquicias.
García Malbrán aclara que la desregulación no implica la desaparición de la formación académica, sino el fin de su carácter coercitivo: “No se busca que deje de existir la carrera universitaria ni la figura del corredor inmobiliario” sino que se mantenga“la posibilidad de que se colegien quienes lo deseen”. En esta línea, CAMESI propone avanzar hacia un registro nacional transparente e incorporar herramientas modernas como la firma digital y seguros de responsabilidad profesional en lugar de la tutela gremial.
Actividad comercial responsable
Uno de los puntos de mayor fricción es la definición misma de la actividad. Mientras los colegios tradicionales defienden el corretaje como una “profesión universitaria” que garantiza seguridad jurídica, desde las empresas se argumenta que se trata de una actividad comercial de intermediación.
Jorge Amoreo Casotti, CEO de la proptech PINT y referente en temas de innovación sectorial, advierte que Argentina es una “rareza global” al exigir un título de grado para vender o alquilar una propiedad. “Decir que los Colegios garantizan seguridad jurídica es como decir que un peaje garantiza que las rutas sean seguras”, afirma Casotti.
La verdadera seguridad la brinda el sistema judicial, los contratos bien redactados y la intervención de los escribanos, quienes son los que realmente fiscalizan la documentación y dan fe pública.
Desde las compañías del sector se señala que en países como España, Estados Unidos, Singapur o Nueva Zelanda, los modelos desregulados han permitido un acceso más equitativo a la vivienda y una competencia saludable sin sacrificar la calidad del servicio.
La digitalización y el futuro del mercado
Donde parece haber un consenso más amplio es en la necesidad de digitalizar las operaciones. El Gobierno impulsa la implementación total de la firma digital y el registro remoto para realizar transferencias de dominio, lo que reduciría tiempos administrativos de semanas a días.
Las empresas inmobiliarias ven en la tecnología un aliado para transparentar el mercado. Sostienen que el corredor inmobiliario moderno ya no es un simple “cobrador de comisiones”, sino un estratega que utiliza Big Data, inteligencia artificial y realidad virtual para asesorar a sus clientes.
“El que se adapte y entienda que el negocio cambió, va a dominar el mercado. El que se aferre a viejas estructuras, se va a quedar sin clientes”, sentencian desde el sector corporativo que ya ha fijado su postura: la libertad de asociación y la libre competencia son el único camino para que el mercado argentino vuelva a ser dinámico, accesible y verdaderamente calificado.
