El proyecto de ley de Libertad Inmobiliaria impulsado por el diputado Alejandro Bongiovanni representa un paso fundamental hacia la modernización del mercado inmobiliario argentino. La iniciativa propone garantizar la libertad de acceso y ejercicio de la actividad comercial de intermediación en operaciones sobre bienes inmuebles, eliminando las restricciones legales que limiten la misma, promoviendo la libre competencia entre oferentes, y asegurando a los consumidores el derecho a elegir libremente a sus intermediarios.
El mundo ya transita hace tiempo hacia modelos de negocio colaborativos, en los que las redes de corredores comparten información y oportunidades, generando mayor transparencia y dinamismo en beneficio de los clientes. Europa y Estados Unidos son ejemplos claros de que este esquema es el camino a seguir, y la Argentina no puede quedar relegada.
Martillero y corredor dos roles diferenciados
Es necesario distinguir con claridad dos funciones que en nuestro país se han mezclado de manera artificial: la del martillero y la del corredor. El martillero es un auxiliar de la Justicia en los procesos de subastas judiciales, mientras que el corredor es quien realmente intermedia en la compra, venta y alquiler de inmuebles. Confundir estos roles y exigir a quienes quieren dedicarse a la intermediación inmobiliaria requisitos pensados para otra actividad es un error que termina limitando el desarrollo del sector.
“Las barreras de acceso impuestas por los Colegios de Martilleros resultan anacrónicas y contrarias a la evolución del mercado. La exigencia de una carrera universitaria de tres años como única puerta de entrada no responde a las necesidades actuales, donde lo que se requiere es formación práctica, actualización permanente y una actitud profesional adaptada a la dinámica del mercado”, considera Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI).
Así, no se trata de renunciar a la capacitación: por el contrario, quienes ejercen la intermediación inmobiliaria deben acreditar idoneidad y contar con la preparación adecuada a las demandas actuales. Pero se trata de avanzar hacia un modelo flexible que garantice calidad profesional sin trabas corporativas.
En búsqueda de la libertad inmobiliaria
En este marco, la colegiación debe ser voluntaria. Y más aún: debemos hablar de Colegios inmobiliarios, no de Colegios profesionales. En ningún país del planeta el corretaje inmobiliario se considera una profesión científica, sino una actividad comercial. Pretender imponerlo como tal en Argentina constituye una barrera artificial que nada tiene que ver con la realidad global. “Si el país quiere ser un faro mundial de libertad económica, no puede darse el lujo de inventar requisitos que van a contramano de lo que ocurre en las principales economías del mundo”, dice García Malbrán.
Los Colegios de martilleros no tienen por qué desaparecer, pero sí necesitan evolucionar. Su rol ya no puede limitarse a cobrar matrículas: deben convertirse en verdaderos generadores de valor, ofreciendo servicios, actualización, redes de contacto y herramientas que fortalezcan la práctica de la intermediación inmobiliaria.
Asimismo, es clave establecer un estándar sólido y transparente que proteja al consumidor y eleve la seriedad de la actividad: exigir a los corredores contar con una póliza de cobertura de responsabilidad profesional, tal como ocurre en otras tantas actividades reguladas. Esta medida no solo brinda mayores garantías al cliente, sino que también jerarquiza el servicio, fortalece la ética profesional y consolida la confianza en el mercado.
El proyecto de Libertad Inmobiliaria propone un mercado inmobiliario más abierto, moderno y competitivo, en línea con las prácticas internacionales. Un sistema donde el trabajo colaborativo y la capacitación continua reemplacen las viejas barreras corporativas, y donde los Colegios inmobiliarios, lejos de ser un obstáculo, se conviertan en aliados estratégicos de quienes eligen desarrollarse en la intermediación inmobiliaria.
