CAMESI impulsa la transparencia y la innovación en el mercado inmobiliario salteño ante la propuesta de reforma de la Ley 7629.
Las gestiones encaradas por CAMESI concientizaron sobre los preocupantes alcances de esta iniciativa en la provincia.
Los consensos que son resultado de argumentos válidos tienen garantías de solidez. En esa convicción, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) sentó su posición sobre la intención de modificar por ley las actividades de los corredores inmobiliarios en Salta.
El autor del proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados y propone modificaciones a la Ley 7629 de Corretaje Inmobiliario, es el diputado provincial Bernardo Biella, hermano del presidente de la Cámara de Inmobiliarios de Salta, Juan Martín Biella. Ante este escenario, los representantes de CAMESI, entidad que preside Mariano García Malbrán, alertaron sobre las verdaderas consecuencias que podría tener esta norma.
Cimentados en la certeza de que la transparencia se construye, los referentes de CAMESI habían solicitado a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia una audiencia institucional para exponer los motivos de la preocupación y dar inicio a un debate serio.
Como entidad que nuclea a las principales redes y empresas de servicios inmobiliarios del país, CAMESI planteó los efectos regresivos que la norma implicaría, al restringir la libertad de trabajo, consolidar un monopolio en favor de un único colegio profesional, encarecer el acceso a la actividad y desincentivar la innovación y la inversión.
Esas modificaciones, de prosperar, podrían afectar directamente a corredores, emprendedores, consumidores y a la economía provincial en general.
Gestión en pos de la transparencia
CAMESI consideraba indispensable abrir un espacio de diálogo plural en el Senado, con la finalidad de aportar datos técnicos y debatir alternativas superadoras que garanticen un marco regulatorio moderno, competitivo e inclusivo para el sector inmobiliario en Salta.
Es que lejos de perseguir el bien común para el sector, la propuesta que impulsa el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCIS) solo busca consolidar un monopolio exclusivamente a su favor que atenta contra el progreso y restringe, además, la libre competencia y la libertad de empresa garantizada por la Constitución Nacional.
CAMESI advierte que la reforma de la Ley 7629 podría afectar la libertad de trabajo y el desarrollo del mercado inmobiliario en Salta
Los directivos de CAMESI también se dirigieron al Vicegobernador de la provincia, Antonio Oscar Marocco, para solicitarle una audiencia en su carácter de Presidente de la Honorable Cámara de Senadores.
La entidad fue la voz de empresas y redes innovadoras que hoy dinamizan la economía, generan empleo y promueven la profesionalización del sector. Estas compañías consideran la iniciativa como un serio retroceso para la modernización del mercado inmobiliario en la provincia, al cercenar los derechos de asociación, imponer cargas innecesarias y consolidar un esquema que beneficia a un único actor.
Necesaria apertura y modernización
En un contexto global donde la actividad inmobiliaria evoluciona hacia la desregulación y la digitalización total, y en el cual la intermediación y la comercialización se desarrollan de manera natural en plataformas online y redes sociales, la propuesta del CUCIS va a contramano de las demandas urgentes del sector.
La iniciativa busca expresamente poner barreras de acceso al mercado a las empresas innovadoras y los nuevos modelos de negocio, como las franquicias y las plataformas digitales.
Hay en este proyecto un inquietante avasallamiento de la libertad de empresa que impide el ejercicio de derechos básicos de los corredores inmobiliarios, al prohibirles asociarse con terceros y obligarlos a sostener oficinas físicas.
Por eso, la reforma de la ley 7629 no moderniza ni protege; al contrario, encarece los servicios, limita y concentra. El mercado inmobiliario necesita abrirse y no cerrarse con prestaciones ineficientes y poco competitivas.
“Esta legislación contradice el Código Civil y Comercial de la Nación, en materias en las que la provincia no tiene competencia. Esto genera inseguridad jurídica y afecta derechos adquiridos de quienes ya invirtieron en franquicias inmobiliarias, oficinas y equipos de trabajo”, explicaron referentes del sector a medios provinciales.
En caso de que la norma prospere, el mercado quedaría bajo control de un reducido número de operadores ya que la ley prohibiría trabajar a quienes no estén matriculados bajo condiciones impuestas por el Colegio, lo que eliminaría la libertad de asociación.
“No se trata de defender intereses sectoriales, sino de evitar que Salta quede aislada en un marco legal obsoleto, restrictivo y contrario a la modernización que exige el mercado”, enfatizó García Malbrán.
