Mientras el Gobierno nacional mantiene el hermetismo respecto de una posible desregulación del sector inmobiliario, existe mucha expectativa sobre la transformación en la que estaría trabajando el Ministerio de Desregulación. En ese contexto, algunas voces buscan sembrar temor y confusión para desviar el foco de la discusión de fondo.
Entre esos discursos aparecen dos cuestiones que una eventual desregulación del mercado podría poner en riesgo. Por un lado, se brinda el argumento de la falta de profesionalización que vendría aparejada y, por el otro, se esgrime la amenaza que esa posible transformación representaría para la seguridad jurídica.
En primer lugar, se ha escuchado por estas semanas que “lo que se pretende con la desregulación es abolir el régimen de colegiación” y que la profesión está en riesgo de desaparecer. En realidad, lo que se propone es que la colegiación sea voluntaria: eso fomentaría que los Colegios de Corredores y Martilleros compitan por servicios y que las nuevas modalidades convivan con los colegios profesionales tradicionales para que existan diferentes opciones en el mercado.
“No se busca que deje de existir la carrera universitaria ni la figura del corredor inmobiliario. Claramente debe existir la posibilidad de que se colegien quienes lo deseen. Pero también pueden hacerse exámenes y certificaciones, y que luego los corredores se inscriban en un registro nacional, por ejemplo. La realidad es que el profesionalismo no se adquiere en la universidad, sino en la formación posterior, en el hacer de cada día de trabajo, y está vinculado con las habilidades en comunicación y marketing, trabajo en red, uso de CRM, entre otras cuestiones que hacen al éxito de un corredor”, afirma Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) y director de Keymex Argentina y Latinoamérica.
En segundo término se ubica la cuestión de la seguridad jurídica. Hay quienes aseguran que podría verse afectada si se desregula el sector inmobiliario. Vale decir que al hablar de seguridad jurídica se hace referencia al principio fundamental del estado de derecho reconocido por la mayoría de las jurisdicciones del mundo. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, este elemento “constituye un requisito de las necesidades operacionales de los agentes económicos que interactúan en un mercado dado, que atiende así sus legítimas expectativas”.
En estrecha relación con la justicia y el principio de legalidad, la tutela de la seguridad jurídica compete innegablemente a los jueces. Actualmente, los Colegios de Corredores no generan seguridad jurídica: existen infinidad de ejemplos de profesionales que venden inmuebles que no se encuentran aptos para ser vendidos.
Es la Justicia la que se encarga de brindar seguridad jurídica a los clientes, así como los organismos de defensa del consumidor. Asimismo, las operaciones deben ser garantizadas por la fé pública que dan los escribanos en las escrituras: son ellos los que chequean y fiscalizan que la documentación para la transferencia de una propiedad, por ejemplo, esté en perfectas condiciones, o que quienes firman un contrato de alquiler sean efectivamente los propietarios e inquilinos que dicen ser.
En definitiva, el “fantasma” del supuesto fin de la profesionalización inmobiliaria y de la seguridad jurídica que agita un pequeño grupo del sector es un argumento que se cae con solo analizar lo que ocurre actualmente en la industria. Las medidas que se analizan representan, en realidad, una apuesta por la transparencia y la liberación de cientos de obstáculos que hoy impiden el desarrollo de los profesionales.
Así, la transformación que podría hacerse realidad en los próximos meses permitirá el acceso de una mayor cantidad de protagonistas al mercado fomentando una saludable competencia por la calidad de los servicios ofrecidos.
