“Eliminar total o parcialmente las reglas o normas a las que debe ajustarse algo, especialmente una actividad económica”. La definición de la Real Academia Española para el término “desregular” sirve por estas semanas para llevar cierta claridad frente a la polvareda que despertó el hecho de que el Gobierno nacional esté analizando una posible desregulación del sector inmobiliario.
En principio, es preciso advertir que Argentina es el único país a nivel mundial que exige un título universitario para ejercer como corredor inmobiliario. A su vez, la matriculación obligatoria no sólo genera excesivos gastos para los profesionales (alrededor de 3,5 millones de pesos es el costo actual de matriculación, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires), sino que no tiene una contraprestación o un respaldo por parte de los Colegios de Corredores y Martilleros.
En ese sentido, lo que vienen proponiendo diversos actores de la industria es que la colegiación sea voluntaria. “Desregular el sector inmobiliario traería aparejado una reducción de los trámites burocráticos y de los costos, situación que mejoraría el mercado. Si la colegiación fuera voluntaria, las instituciones tendrían que atraer a los profesionales con beneficios reales, en lugar de obligarlos a afiliarse sin brindarles mejoras significativas”, indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) y director de Keymex Latam y Argentina.
Además de cuestionar la matriculación obligatoria, con la desregulación inmobiliaria se pretende rever la obligatoriedad de cursar una carrera para desarrollar la actividad inmobiliaria: en algunas provincias es de grado universitario y dura más de tres años. “Lo que se necesita es un mayor acceso para poder trabajar pudiendo rendir un examen y sin que el Estado intervenga en la actividad”, suma García Malbrán.
En concreto, lo que está en marcha no es la eliminación de los Colegios, sino la incentivación de la competencia. A su vez, esas instituciones deberían poder coexistir con agentes inmobiliarios certificados y debidamente capacitados. De esa forma se promovería la competencia basada en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.
Lo cierto es que los diversos avances en materia de desregulación han dado resultados positivos. En países como Nueva Zelanda y Singapur la liberación de la actividad dio paso a un acceso más equitativo a la vivienda y a una competencia más saludable, sin obstáculos. También en España funciona con éxito un modelo desregulado. Y en nuestro país se han visto consecuencias positivas y tendientes al dinamismo a partir de cierta desburocratización, como sucedió con la derogación de la Ley de Alquileres, la supresión del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI) y la eliminación del Impuesto de Sellos.
Como en todos los aspectos que hacen a la industria, la clave está en sumar transparencia y aportar valor agregado a los clientes y la sociedad en su conjunto. Y más allá de que todos los corredores inmobiliarios son responsables de sus actos profesionales, resulta importante que la profesión deje de ser controlada de manera indirecta y que sus protagonistas sean juzgados por la Justicia penal y la Justicia civil.
