Lograda a través del consenso, la nueva norma es un claro ejemplo de trabajo en conjunto
entre todos los actores del mercado. Además, establece una base de transparencia y
responsabilidad para quienes ejercen la actividad.
Recientemente, el Parlamento del Uruguay aprobó la ley que regula la actividad de los operadores inmobiliarios en el país vecino. Si bien resta la promulgación del Poder Ejecutivo y la reglamentación de la iniciativa, lo cierto es que el texto apunta a brindar transparencia y dar igualdad de oportunidades a todos los participantes del mercado. El significativo avance se dio gracias a un gran trabajo en equipo entre la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) y la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (CUMEI).
En concreto, la norma regula el ejercicio de la actividad profesional inmobiliaria desarrollada “por los comisionistas, agentes, corredores, brókers, operadores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios turísticos”.
El hecho de contar –luego de más de 40 años de proyectos que no prosperaron– con esta
ley fue calificado como un “hecho histórico” por sus impulsores. La Cámara Argentina de
Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) celebra este gran paso dado en Uruguay, ya
que se trata de una norma que llegó como consecuencia del diálogo y el consenso entre
todos los actores del sector inmobiliario.
Desde CAMESI creemos que la nueva ley de Operador Inmobiliario en Uruguay representa
un avance significativo en la profesionalización del sector inmobiliario en el país. Al
establecer requisitos de formación y un marco regulatorio más claro, esta legislación busca
asegurar que los operadores cuenten con los conocimientos y las competencias necesarias
para brindar un servicio de calidad.
Uno de los aspectos más destacados de la ley uruguaya es su especial foco en la
transparencia y la confianza. Al estandarizar los requisitos y formalizar la actividad, no solo
protege a los consumidores, sino que también eleva la reputación de los operadores
inmobiliarios, lo cual podría atraer tanto a inversores nacionales como extranjeros.
Además, al exigir un registro oficial y un compromiso con principios éticos, la ley fomenta
una competencia más justa y profesional en el sector. Eso beneficia tanto a los operadores
comprometidos con la excelencia como a los clientes, quienes podrán tomar decisiones
informadas con mayor seguridad. Creemos firmemente que la formalización del sector
permite fortalecer la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias, un aspecto clave
para el crecimiento económico del mercado.
Finalmente, desde CAMESI consideramos que esta legislación también podría servir como
modelo en otros países de la región que buscan mejorar la regulación en el sector
inmobiliario, promoviendo estándares de calidad que fortalezcan la confianza, la
transparencia, la colaboración, la libre competencia y la estabilidad del mercado.
Contar con una legislación similar en Argentina, construida sobre la base del diálogo y el
consenso, permitirá que más empresas y emprendedores puedan ingresar al mercado y
desarrollar nuevos modelos de negocio. De esta manera, se fomentaría una competencia
positiva en favor de la innovación y la evolución del sector que redundaría en beneficios
para todos los actores comprometidos con el futuro inmobiliario en nuestro país.
