La opinión de Mariano García Malbrán, presidente, Keymex Immobilier Latinoamérica y presidente Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarias de Argentina (CAMESI).
En un movimiento significativo hacia la simplificación de los trámites para contribuyentes, el Gobierno argentino, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ha eliminado la obligación de registrar los contratos de alquiler de inmuebles urbanos y rurales.
Esta medida, establecida mediante la Resolución General 5545/2024, responde al Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 70/2023, que derogó la Ley N.º 27.551 de Alquileres. La decisión pretende reducir la carga burocrática sobre los locadores y locatarios, aunque mantiene la opción de registrar voluntariamente los contratos para aquellos que deseen acceder a ciertos beneficios fiscales.
La eliminación del “Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles (RELI)” busca facilitar las operaciones inmobiliarias, permitiendo a los involucrados operar con mayor flexibilidad. Sin embargo, esta desregulación también implica que la fiscalización y control sobre los alquileres podría debilitarse, lo que podría generar un mayor riesgo de informalidad en el mercado. Por otro lado, aquellos contribuyentes que busquen acceder a beneficios fiscales, como los del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) o los impuestos sobre Créditos y Débitos, Bienes Personales y Ganancias, deberán seguir registrando sus contratos en el sistema RELI, con plazos específicos para su cumplimiento.
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